El TJUE dictamina que el impuesto de sucesiones en Espa帽a vulnera las normativa europea

Domingo, 7 de Septiembre de 2014 por admin

La ley que regula el impuesto de sucesiones y donaciones penaliza sin causa justificada las herencias y donaciones en las que est谩n involucrados ciudadanos no residentes y bienes en el extranjero. Esto supone una restricci贸n de la libertad de movimiento de capitales incompatible con la legislaci贸n europea.
El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) ha dictaminado en Sentencia de 3 de septiembre de 2014 que el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Espa帽a vulnera la legislaci贸n comunitaria al obligar a los no residentes a pagar m谩s que a los residentes, ya que 茅stos son los 煤nicos que pueden beneficiarse de las ventajas fiscales concedidas por las comunidades aut贸nomas.
El fallo da la raz贸n a la Comisi贸n Europea, que en 2011 present贸 una denuncia ante el TJUE por considerar que esta discriminaci贸n en el impuesto espa帽ol constituye una restricci贸n a la libertad de circulaci贸n de capitales. En Espa帽a, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un gravamen estatal cuya gesti贸n y rendimiento han sido cedidos a las comunidades aut贸nomas.
No obstante, la normativa estatal se aplica en los casos en los que no hay punto de conexi贸n personal o real con una comunidad aut贸noma. Todas las comunidades aut贸nomas aplican ventajas que reducen la carga fiscal a los contribuyentes. Sin embargo, a los no residentes se les aplica la normativa estatal, m谩s onerosa.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia afirma en primer lugar que esta normativa no afecta a la libre circulaci贸n de personas, como sosten铆a la Comisi贸n, pero s铆 a la de capitales.
El fallo destaca que la sucesi贸n o la donaci贸n en la que intervenga un heredero o un donatario o un fallecido o donante que no reside en el territorio espa帽ol, o tambi茅n una donaci贸n o una sucesi贸n que tenga por objeto un bien inmueble situado fuera de territorio espa帽ol, “no podr谩 beneficiarse de las reducciones fiscales que s贸lo se aplican en caso de conexi贸n exclusiva con el territorio de las comunidades aut贸nomas, debiendo soportar una mayor carga fiscal que las sucesiones o donaciones en las que s贸lo intervienen residentes o que s贸lo tienen por objeto bienes inmuebles situados en Espa帽a”. “Al no poder gozar de los citados beneficios fiscales, el valor de esa sucesi贸n o esa donaci贸n se reducir谩. Seg煤n la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha reducci贸n constituye una restricci贸n de la libre circulaci贸n de capitales”, resalta la sentencia.
Por ello, el TJUE declara que “la legislaci贸n espa帽ola constituye una restricci贸n de la libre circulaci贸n de capitales, prohibida en principio” por el Tratado. De acuerdo con el fallo, esta restricci贸n no est谩 justificada porque “no existe ninguna diferencia entre la situaci贸n objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato, puesto que la legislaci贸n espa帽ola los considera como sujetos pasivos a efectos de la percepci贸n del impuesto de sucesiones y donaciones sobre los bienes inmuebles situados en Espa帽a, al margen de d贸nde residan”.
Ahora, las personas beneficiadas por el fallo de esta sentencia podr谩n solicitar la devoluci贸n de los ingresos indebidos que no hayan prescrito (los 煤ltimos cuatro a帽os), y sobre los que ya hayan prescrito podr谩n iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial al haber sufrido un da帽o -lo que han pagado en exceso鈥- ocasionado por el Estado Espa帽ol al aplicar una ley nacional que se ha confirmado contraria al Derecho de la Uni贸n.

PRESTACI脫N ECON脫MICA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR C脕NCER Y OTRAS ENFERMEDADES GRAVES

Jueves, 4 de Agosto de 2011 por admin

Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, introdujo modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social, entre ellas incorpor贸 la prestaci贸n econ贸mica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que ten铆an que reducir su jornada laboral para cuidar a menores afectados por c谩ncer u otra enfermedad grave.
En concreto el BOE de 30 de julio de 2011 public贸 el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicaci贸n y desarrollo, en el sistema de la seguridad social, de la prestaci贸n econ贸mica por cuidado de menores afectados por c谩ncer u otra enfermedad grave.
脡sta norma entr贸 en vigor el 1 de agosto de 2011, sin embargo sus efectos nacen a partir del 1 de enero de 2011.
Con esta norma se intenta ayudar a aquellas familias, que tienen a su cargo menores afectados por enfermedades graves, como el c谩ncer. Procesos curativos de larga duraci贸n, que muchas veces obliga a sus progenitores a ausentarse del trabajo. Para ello se plantea la reducci贸n de, al menos, un 50% de la jornada de trabajo que lleven a cabo los padres, adoptantes y acogedores de car谩cter familiar preadoptivo o permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado del menor a su cargo.
PER脥ODOS M脥NIMOS DE COTIZACI脫N
鈥 Para los menores de 21 a帽os: No se exige per铆odo m铆nimo de cotizaci贸n.
鈥 Entre 21 y 26 a帽os: Se exigen 90 d铆as cotizados dentro de los siete a帽os inmediatamente anteriores o 180 d铆as cotizados a lo largo de su vida laboral.
鈥 Mayores de 26 a帽os: Se exigen 180 d铆as cotizados dentro de los siete a帽os inmediatamente anteriores o 360 d铆as cotizados a lo largo de su vida laboral.
PRESTACI脫N ECON脫MICA
Se trata de un subsidio, equivalente al 100 por 100 de la base reguladora establecida para la prestaci贸n por incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales o, en su caso, la derivada de contingencias comunes, aplicando el porcentaje de reducci贸n que experimente la jornada de trabajo.
NACIMIENTO
Se tendr谩 derecho al subsidio a partir del mismo d铆a en que d茅 comienzo la reducci贸n de jornada correspondiente, siempre que la solicitud se formule en el plazo de tres meses desde la fecha en que se produjo dicha reducci贸n. El subsidio se reconocer谩 por un periodo inicial de un mes, prorrogable por periodos de dos meses cuando subsista la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor y, como m谩ximo, hasta que 茅ste cumpla los 18 a帽os.
SUSPENSI脫N
a) En las situaciones de incapacidad temporal, durante los periodos de descanso por maternidad y paternidad y en los supuestos de riesgo durante el embarazo y de riesgo durante la lactancia natural.
b) En el supuesto de alternancia en el percibo del subsidio entre las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras.
EXTINCI脫N
a) Por la reincorporaci贸n plena al trabajo o reanudaci贸n total de la actividad laboral de la persona beneficiaria.
b) Por la mejor铆a del estado de salud del menor o por su alta m茅dica por curaci贸n.
c) Por cesar una de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras del menor en su actividad laboral.
d) Por cumplir el menor 18 a帽os.
e) Por fallecimiento del menor
f) Por fallecimiento de la persona beneficiaria de la prestaci贸n.

LA HIPOTECA ES UNA DEUDA DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES Y NO UNA CARGA DEL MATRIMONIO

Mi茅rcoles, 6 de Julio de 2011 por admin

El Tribunal Supremo, mediante Sentencia n潞 1659/2011 de 28 de marzo de 2011, unifica la doctrina dividida entre las Audiencias Provinciales, declarando que el pago de las cuotas de la hipoteca contratada por ambos c贸nyuges para la adquisici贸n de la vivienda familiar es una deuda de la sociedad de gananciales y no una carga del matrimonio por lo que corresponde a ambos c贸nyuges su pago por mitad y el juez no puede modificar el porcentaje de cada uno de los c贸nyuges para ajustarlo a las condiciones de la prestaci贸n alimentaria a los hijos en la demanda de divorcio.

La Sala considera que el pago de las cuotas hipotecarias afecta al aspecto patrimonial de las relaciones entre c贸nyuges, porque si el bien destinado a vivienda se ha adquirido con la sociedad de gananciales vigente, debe aplicarse lo establecido en el art铆culo 1347.3 del C贸digo Civil (CC) y no constituye carga del matrimonio a los efectos de lo dispuesto en los arts. 90 y 91 CC. Por tanto, ser谩 de cargo de la sociedad, seg煤n dispone el art铆culo 1362.2 del CC, que regula “la adquisici贸n, tenencia y disfrute de los bienes comunes”.
Dice tambi茅n que se trata de una deuda de la sociedad de gananciales, porque se ha contra铆do por ambos c贸nyuges en su beneficio, ya que el bien adquirido y financiado con la hipoteca es de ambos. Esta soluci贸n ha sido tambi茅n adoptada por el art铆culo 231.5 del C贸digo Civil de Catalu帽a. Dicho art铆culo ha eliminado la consideraci贸n como cargas familiares del pago de las cuotas destinadas a la adquisici贸n de los bienes destinados a vivienda y las cuotas deben pagarse por mitad.

EN SEPTIEMBRE ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DE CR脡DITO AL CONSUMO

Mi茅rcoles, 6 de Julio de 2011 por admin

La ley de contratos de cr茅dito al consumo ha sido publicada el s谩bado, 25 de junio, de 2011, en el Bolet铆n Oficial del Estado (BOE). Ahora, est谩 previsto que el nuevo texto legal entre en vigor despu茅s del verano, en torno a finales de septiembre.
El nuevo texto legal deroga a su predecesora, de 23 de marzo de 1995, pues como estaba previsto a帽ade una directiva comunitaria, de 23 de abril de 2008. La ley ha sido creada con el objetivo de conciliar por completo las disposiciones legales, el reglamento y las normas administrativas de los estados que pertenecen a la UE, en materia de cr茅ditos al consumo.
Desde que la nueva normativa entre en vigor, los ciudadanos podr谩n rescindir cualquier contrato de cr茅ditos al consumo, sin que ello conlleve ning煤n tipo de penalizaci贸n. Adem谩s, el cliente tampoco tendr谩 que justificarse de ninguna manera.
Adem谩s de este aspecto, la nueva normativa tambi茅n regula el reembolso anticipado del cr茅dito al usuario, as铆 como el importe de compensaci贸n que le debe dar a la entidad que le proporcion贸 el cr茅dito por los gastos que haya tenido. En caso de que no haya acuerdo, est谩 previsto que los conflictos se sometan a arbitraje de consumo.
Con el objetivo de proteger al consumidor, aumenta la transparencia informativa a partir de ahora. Seg煤n la nueva legislaci贸n, las entidades de cr茅dito est谩n obligadas a proporcionar a su cliente informaci贸n individualizada, de cara a garantizar que el art铆culo se corresponde con lo que ha solicitado, y con su situaci贸n financiera. Tambi茅n se deber谩n especificar a partir de ahora las consecuencias en el caso en el que se deje de pagar alg煤n recibo. En la publicidad de los contratos se tiene que indicar c贸mo se calcular谩 la tasa equivalente.
Tambi茅n se establecen las obligaciones de los intermediarios de cr茅dito en relaci贸n a los consumidores. Establece una serie de sanciones para aplicar en caso de incumplimiento de ley. Tambi茅n incluye medidas referentes a la oferta vinculante, as铆 como las penalizaciones que se aplicar谩n en caso de modificaci贸n del coste total del cr茅dito, ineficacia del contrato, y eficacia de los contratos de consumo que est茅n vinculados a obtener un cr茅dito.

CIRCULAR N潞 2 – LA REFORMA DEL CODIGO PENAL ESPA脩OL

Jueves, 27 de Enero de 2011 por admin

La Ley Org谩nica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modific贸 la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del C贸digo Penal, entr贸 en vigor el pasado d铆a 23 de diciembre de 2010, despu茅s que transcurriesen seis meses desde su publicaci贸n en el Bolet铆n Oficial del Estado n潞 152 – BOE – de 23 de junio de 2010.

Sin perjuicio de la ex茅gesis legal y doctrinal cuyo itere abordaremos en profundidad m谩s adelante, lo primero que cabe encomiarse del nuevo ep铆tome legal es c贸mo 茅ste se constri帽e a las exigencias demandadas por la mayor铆a de la sociedad espa帽ola, al respecto de castigar con mayor dureza delitos como los de terrorismo, pederastia y aquellos otros conexos con los cada vez m谩s frecuentes aquelarres de corrupci贸n; texto legal que, a su vez, ampl铆a el sumario de tipos, pautando la intervenci贸n del orden jurisdiccional penal ante figuras delictivas de nuevo cu帽o como lo son la pirater铆a, el acoso laboral e inmobiliario, el tr谩fico de personas y la compraventa de 贸rganos humanos.

Tres son, a grandes rasgos, los pilares b谩sicos articulares de la reforma de la ley penal, alterando la longevidad del c贸digo, ahora preterida…

a) Por un lado dispone a favor de los Tribunales, cuando menos a priori, los medios necesarios para acabar con la actual convergencia disociada de criterios jurisprudenciales en la interpretaci贸n de cuestiones procesales y penitenciarias tales como prescripci贸n de los delitos o los beneficios de c贸mputo y abono de la prisi贸n preventiva, en aquellos casos en los que el sujeto sometido a dicha medida cautelar, estuviese al propio tiempo cumpliendo una pena privativa de libertad, como reo.

b) Por otro, se entrega a los actuarios del derecho herramientas precisas que han de servirles para intervenir la fuerza de la ley en contra la delincuencia econ贸mica y la corrupci贸n, bien mediante la pericia de articular instrumentos de prevenci贸n de tales conductas, bien mediante el endurecimiento de las penas en delitos como los de fraude fiscal, urban铆sticos, cohecho o tr谩fico de influencias; extendi茅ndose hasta diversificar los tipos hacia nuevos causales como la corrupci贸n entre particulares, el acoso inmobiliario, el fraude de inversores, los delitos a trav茅s de Internet y la introducci贸n por primera vez en el sistema penal espa帽ol de la responsabilidad penal de las personas jur铆dicas – no exenta de pol茅mica -, con el fin de acabar con la llamada 鈥渋rresponsabilidad organizada鈥, y poner fin a la impunidad de quienes se aprovechan del anonimato que les procuran las personas jur铆dicas para cometer delitos y de quienes, sabi茅ndolo, toleran tales conductas.

c) Finalmente, el tercer gran bloque de la reforma viene actuado por la implantaci贸n de medidas tendentes a lo que el ministro llam贸 la 鈥渞acionalizaci贸n del sistema penal espa帽ol鈥, cuyas tasas de encarcelamiento parecen elevadas en comparaci贸n con el resto de pa铆ses de la Uni贸n Europea atendidos los par谩metros de una tasa delictiva de entre las m谩s bajas de aqu茅lla; pretendi茅ndose a su tenor ofrecer una respuesta penal m谩s individualizada, distinguiendo los supuestos m谩s graves de los que no lo son; mantenido la severidad para las conductas m谩s graves pero, atendida la realidad de otros tipos delictivos, reduci茅ndola en aquellos delitos cuya penolog铆a actuaba fuera de los l铆mites que racionalmente delimita el principio de proporcionalidad de la misma, permitiendo por tanto a los jueces y tribunales ajustar la pena a la gravedad del caso.

…hasta modificar un total de ciento sesenta plebiscitados del articulado anterior, con incidencia directa y efectiva en las siguientes cuestiones…

a) Nueva regulaci贸n, tratamiento y reordenaci贸n a los delitos de terrorismo, decret谩ndose su imprescriptibilidad cuando el delito hubiere provocado el fallecimiento de cualquier ser humano.

b) Endurecimiento de las penas y tratamiento penitenciario en los delitos contra la explotaci贸n sexual de menores de edad o en los supuestos de pornograf铆a infantil, y en general en todos aquellos casos de delitos contra la libertad sexual en los que concurra la reglada protecci贸n especial a las v铆ctimas m谩s vulnerables y a los menores de 13 a帽os.

c) Establecimiento de la pena privativa de la patria potestad.

d) Nuevo tratamiento del delito de hurto, de la falta y habitualidad o multirreincidencia y de los delitos contra la propiedad.

e) Nueva regulaci贸n del tr谩fico il铆cito de 贸rganos humanos.

f) Reforma de la regulaci贸n de los delitos contra el urbanismo, ordenaci贸n del territorio y medio ambiente.

g) Nueva regulaci贸n del tipo del acoso laboral y del tipo del acoso inmobiliario.

h) Creaci贸n de un nuevo T铆tulo VII bis en el C贸digo Penal denominado 芦de la trata de seres humanos禄 y diferenciaci贸n del tipo penal referido a la 芦inmigraci贸n clandestina禄.

i) Nueva regulaci贸n del itere de los delitos inform谩ticos introduciendo pautas contra 芦da帽os, ataques y fraudes contra los sistemas de informaci贸n禄.

j) Nueva regulaci贸n del blanqueo de capitales, agravando las penas, y ampliaci贸n de los tipos objetivados a la lucha contra la corrupci贸n en el sector privado, regul谩ndose el tipo penal del cohecho privado.

k) Reforma de los delitos contra las administraciones p煤blicas.

l) Mayor proporcionalidad y reajuste en las penas de los delitos de tr谩fico de drogas en cumplimiento de la decisi贸n marco del Consejo

m) Nueva adecuaci贸n de los delitos contra la comunidad internacional

鈥ㄢ… de todas las cuales merecen menci贸n especial, las siguientes:

鈶 La reprensi贸n accesoria de libertad vigilada para los reos por delitos de terrorismo y para los condenados por delitos sexuales – principalmente pederastas – de tal forma que se contempla la imposici贸n de tal reprensi贸n en sentencia junto a la de ingreso en centro penintenciario; libertad vigilada que tendr谩 una duraci贸n m谩xima – en principio y como regla general – de cinco a帽os, susceptible de pr贸rroga hasta los diez a帽os en determinados supuestos.

Esta prevenci贸n vigilada podr谩 actuarse junto a otras penas accesorias como las de prohibici贸n de estar/permanecer en un determinado lugar o desempe帽ar algunas actividades concretas.

La medida de libertad vigilada est谩 concebida para casos de especial peligrosidad una vez agotada la pena -芦peligrosidad subsistente禄, lo que permite su aplicaci贸n no s贸lo cuando el pron贸stico de peligrosidad del individuo pueda ser relacionado con estados patol贸gicos, sino tambi茅n cuando la peligrosidad derive del espec铆fico pron贸stico del sujeto imputable en relaci贸n con la naturaleza del hecho cometido. En estos casos, tal como resulta del nuevo art铆culo 106.2, la medida se impone en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecuci贸n posterior a la excarcelaci贸n, y se har谩 o no efectiva justamente en funci贸n de ese pron贸stico de peligrosidad, formulado cuando se acerca dicho momento extintivo de la pena y reconsiderado despu茅s con cadencia como m铆nimo anual (art铆culo 98.1).

Exige destacarse, atendiendo a su aplicabilidad, que en la concreci贸n del contenido de la libertad vigilada habr谩n de intervenir tanto el juez de vigilancia penitenciaria – previo informe de los servicios penitenciarios – como el tribunal sentenciador, al que corresponder谩 hacer ejecutar lo juzgado. 鈥ㄢ

Su duraci贸n se mantiene en general en un m谩ximo de cinco a帽os, pero a ello se a帽ade la posibilidad de que el propio C贸digo Penal la extienda hasta los diez a帽os (art铆culo 105.2), tal y como ya ha sido manifestado, en los casos de terrorismo y en los delitos relacionados con la libertad e indemnidad sexual.

La reforma prev茅 igualmente que los condenados por este tipo de delitos puedan quedar compelidos al cumplimiento de medidas de localizaci贸n permanente y/o a ser pautados en el seguimiento de determinados tratamientos m茅dicos.

En el propio marco de los delitos contra la libertad sexual, el nuevo c贸digo penal resuelve sancionar con mayor dureza los casos de 鈥渃iber acoso infantil鈥, elevando las penas para los delincuentes que pudieren servirse de las redes sociales e Internet como medios para beneficiarse u obtener fines sexuales de cualesquiera personas menores de edad.

Ahondando en la mayor fuerza coercitiva del nuevo texto legal, toda sentencia dictada en causa penal por delitos contra la libertad e indemnidad de personas menores de trece a帽os, por terrorismo, o bajo concurrencia de organizaciones mafiosas y/o crimen organizado, que falle la condena de un acusado al cumplimiento de pena de c谩rcel superior a cinco a帽os, deber谩 ser cumplida, al menos, en la mitad de la pena por la misma impuesta sin que, con anterioridad, pueda el reo acceder al tercer grado penitenciario.

鈶 Se excluye la prescripci贸n en los sumarios de muertes acontecidas bajo el itere de delitos relacionados con actos de terrorismo que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, quedan equiparados a los de genocidio y, en su virtud, no prescribir谩n nunca, de forma que su autor/es podr谩/n ser juzgado/s y sentenciados como autores de aqu茅llas en cualquier momento.

鈶 Se modifica el tipo de los delitos contra la salud p煤blica, en el arquetipo punitivo b谩sico de las infracciones por tr谩fico de drogas – hasta la fecha sentenciado con penas entre los tres y los nueve a帽os de prisi贸n – limit谩ndose las penas de privaci贸n de libertad hasta un m谩ximo de seis a帽os; todo ello con el objetivo – as铆 al parecer pretendido y manifestado por el legislador – de reforzar el principio de proporcionalidad de la pena.

Con id茅ntico fundamento, ha sido vencida legislativamente la pena que puede ser impuesta a los reos por tr谩fico de estupefacientes en los que mediase la concurrencia de circunstancias agravantes – antes castigados con entre nueve y trece a帽os de c谩rcel – que pasan a intervenirse con penas que oscilar谩n entre los seis y los nueve a帽os de privaci贸n de libertad en centros penitenciarios; liquidaci贸n de penas que, coloquialmente, podr铆a adjetivarse como 鈥渂eneficio de mulas鈥, toda vez su incidencia pr谩ctica ata帽e a los que act煤an como correos de la droga, m谩s conocidos como “mulas” o 鈥渕uleros鈥, condenados por introducir en Espa帽a narc贸ticos y otras sustancias estupefacientes en el interior de su cuerpo.

鈶 En los procesos en los que sean juzgados delincuentes habituales, a los que se les considere reincidentes en causas seguidas con objeto de peque帽os robos, se prev茅 que el cumplimento de las condenas dictadas pueda verificarse por aquellos durante fines de semana y otros d铆as festivos.

鈶 Se desautoriza la anterior regulaci贸n punitiva – que preve铆a incluso penas de privaci贸n de libertad – respecto de los reos por delitos relacionados con el 鈥渢op manta a peque帽a escala鈥 que, a partir de la entrada en vigor de la reforma – y con fundamento en el principio de proporcionalidad de la pena – ya no podr谩n ser condenados a ingresar en un centro penitenciario; de suerte que, por tanto, las penas privativas de libertad, pasan a ser sustituidas por multas econ贸micas o trabajos en beneficio de la comunidad.

鈶 En el marco de las competiciones deportivas profesionales, se resuelve legislar con absoluta intransigencia los sucesos de corrupci贸n acontecidos en dicha esfera, a trav茅s de un decidido endurecimiento de las penas, castig谩ndose con tal fin cualquier soborno, d谩diva o prebenda dirigido/a a alterar el resultado de un encuentro o competici贸n profesional, con independencia en su caso de que sujeto activo del delito quede identificado en miembros o coagentes de las entidades o clubs deportivos, sus propios deportistas, e incluso por los 谩rbitros y jueces de la competici贸n de que se trate.

Dentro de los delitos intervenidos por causas de corrupci贸n, m谩s en este caso, constri帽茅ndonos a la esfera de los cometidos por funcionarios y responsables p煤blicos, el nuevo texto legal elimina la alternativa optativa anteriormente existente entre la aplicaci贸n de penas privativas de libertad y penas de multa; gracia de elecci贸n que queda en perjuicio del reo pues la norma colige que, en estos casos, se apliquen penas que habr谩n de suponer, siempre y en todo caso, el ingreso en prisi贸n del reo.

La Ley 5/2010, de 22 de junio, incide especialmente en la persecuci贸n de toda autoridad o funcionario p煤blico que dedujese informaci贸n positiva y favorable con relaci贸n a determinado/s proyecto/s, sabi茅ndolo contrario a su autenticidad y/o aciago o adverso al inter茅s general, o en su caso, se inhibiese u omitiese aquellas normas que exigen y regulan la pr谩ctica de inspecciones a los administrador por parte de cualesquiera organismos o administraciones p煤blicas.

鈶 Se precisa una diferencia normativa entre el acoso u hostigamiento laboral en el marco de las relaciones entre trabajadores y empresarios y/o, en su caso, personal de la funci贸n p煤blica en sus diferentes escalas de superioridad, y la figura del acoso inmobiliario, cuyo esp铆ritu se nutre de la m谩s que creciente necesidad – acertadamente considerada por el legislador, a nuestro entender – de proteger a cualquier persona frente a actitudes coercitivas y/o intimidatorias de terceros con la finalidad de asediarles hasta conseguir de aquellos el abandono de su viviendas.

鈶 En su novedosa proyecci贸n punitiva, el nuevo c贸digo penal extiende la suerte de imputabilidad, como sujetos activos del delito, a las personas jur铆dicas, predicando respecto de sociedades y empresas, por primera vez, la cualidad procesal que permite el llamamiento de aqu茅llas a un proceso como responsables penales.

Sin temor a equivocarnos, estamos en disposici贸n de afirmar que la intervenida constituye, no s贸lo la novedad m谩s importante, en cuanto a la radicalidad procesal que supone el nacimiento de un tipo que regulan y reconoce la habilidad para que pueda ser decretada la responsabilidad penal de las personas jur铆dicas, sino por cuanto, su vez, su aplicabilidad en la instrucci贸n de las causas y en los propios estrados, se antoja pol茅mica y no exenta de multiplicidad de giros doctrinales y jurisprudenciales.

En todo caso, lo primero que debe se帽alarse es que la responsabilidad de las personas jur铆dicas no debe entenderse erga omnes, sino que 煤nicamente podr谩 ser declarada en aquellos supuestos en los que expresamente se prevea. 鈥ㄢ↖gual claridad, en su caso, debe predicarse al respecto de que la responsabilidad penal de la persona jur铆dica podr谩 declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona f铆sica. 鈥ㄢ

La reforma concreta un amplio cat谩logo de penas imponibles a las personas jur铆dicas, desde su disoluci贸n, suspensi贸n de actividades, clausura de establecimientos, a multa por cuotas y proporcional, inhabilitaci贸n para obtener subvenciones y ayudas p煤blicas, prohibici贸n de contratar con las administraciones p煤blicas y descr茅dito de cualesquiera beneficios e incentivos fiscales o de seguridad social; si bien en principio la multa se colige como pena com煤n y general. 鈥ㄢ

鈶 Sucesos tan nefandos y vergonzantes como los desgraciadamente vividos por los tripulantes del pesquero Alakrana – abordado en el a帽o 2009 en las costas de Somalia – se han postulado en cuna y linaje del nuevo delito de pirater铆a que, tras la entrada en vigor de la Ley Org谩nica 5/2010, de 22 de junio, castigar a toda persona que se apodere, da帽e o destruya una aeronave, buque o embarcaci贸n o atente contra sus tripulantes y/o pasajeros, con penas que oscilan entre los diez y los quince a帽os de privaci贸n de libertad.

En similar consonancia con la experiencia tristemente deducida ante la instrucci贸n y, en su caso, desarrollo plenario de los 煤ltimos y m谩s recientes macroprocesos penales por causas de delincuencia econ贸mica – Gescartera, Ava, Forum-Afinsa e Investahorro, entre otros muchos – se ha introducido por la reforma la figura de la llamada 鈥渆stafa de inversiones鈥, destinada a facilitar la incriminaci贸n de los administradores de cualesquiera sociedades o compa帽铆as mercantiles que, con el fin de captar fondos reembolsables de terceros o de sus propios inversores o, bajo inter茅s de obtenci贸n de cr茅ditos, falseasen la informaci贸n de sus cuentas, activos u elementos esenciales sin cuyo maquillaje no se hubiese resuelto posible la consecuci贸n de tales fines o prop贸sitos.

鈶 En los delitos contra la seguridad del tr谩fico, el nuevo c贸digo castiga con penas que oscilan entre los tres y los seis meses de c谩rcel, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad al que condujese por encima de 60 Km./h en v铆a urbana o a m谩s de 80 Km./h en v铆a interurbana, o lo hiciese bajo los efectos de bebidas alcoh贸licas o sustancias estupefacientes. Para la determinaci贸n de la pena que proceda imponer al reo, corresponder谩 al tribunal su concreci贸n de entre las postuladas, atendidas las circunstancias del caso enjuiciado.

鈶 Se introduce por primera vez, con autonom铆a normativa espec铆fica, la figura delictiva del tr谩fico il铆cito de 贸rganos humanos o de su trasplante.

鈶 En 煤ltima instancia, atendida su cada vez m谩s creciente repercusi贸n y alarma social, y su innegable laxitud conexa al entramado de algunos delitos de corrupci贸n cometidos por funcionarios p煤blicos y miembros de corporaciones locales, no s贸lo se podr谩 perseguir a estos 煤ltimos, como se ha expuesto anteriormente sino que, a su vez, y con independencia de que se medie intervenci贸n de otros terceros implicados, podr谩 perseguirse a toda aquella persona que edifique o promueva obras ilegales o clandestinas de urbanizaci贸n, bajo el tipo de los delitos sobre la ordenaci贸n del territorio; delitos de orden o 铆ndole urban铆stica que podr谩n sentenciar a sus autores al cumplimiento de penas de hasta cuatro a帽os privaci贸n de libertad.

Ciertamente esta reforma del C贸digo Penal armoniza nuestro derecho penal con el derecho penal europeo… aunque la duda reside, m谩s all谩 de la pol茅mica regulaci贸n que determinadas cuestiones acunan desde los inicios del propio proyecto de ley, en cual se su acogida en los Juzgados y Tribunales, considerando la presencia excesivamente cualificada de principios jur铆dicos indeterminados en su articulado.

Desde el pasado 23 de diciembre de 2010, no hay reforma sino ley…

Stadum est chartae

CIRCULAR N潞 1 – LA NUEVA LEY DE MOROSIDAD

Mi茅rcoles, 26 de Enero de 2011 por admin

鈭 Art铆culo 2, DEFINICIONES

Definici贸n de 鈥淎dministraci贸n鈥: los entes, organismos y entidades que forman parte del sector p煤blico de acuerdo con art.3.3 Ley 30/2007.

Definici贸n de 鈥淧lazo de Pago鈥 -Nueva inclusi贸n-: se referir谩 a todos los d铆as naturales del a帽o, y ser谩n nulos y se tendr谩n por no puestos los pactos que excluyan del c贸mputo los_periodos_vacacionales.

鈭 Art铆culo 3, AMBITO DE APLICACI脫N

Sustituye la referencia RD Leg 2/2000 por Ley 30/2007.

鈭 Art铆culo 4, DETERMINACI脫N DEL PLAZO DE PAGO – Grandes cambios -

El plazo de pago ahora es de 60 d铆as (antes 30 d铆as) despu茅s de la fecha de recepci贸n de las mercanc铆as o prestaci贸n de los servicios; plazo que no puede ser ampliado por acuerdo entre las partes.

La factura o solicitud de pago tiene que llegar antes que se cumplan los 60 d铆as (antes 30 d铆as) desde la fecha de recepci贸n efectiva de las mercanc铆as o prestaci贸n de los servicios.
Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptaci贸n o comprobaci贸n y el deudor recibe la factura antes de la aceptaci贸n, el plazo de pago se computar谩 a partir del d铆a de recepci贸n y no podr谩 prolongarse m谩s de 60 d铆as (antes 30 d铆as) desde la fecha de entrega de la mercanc铆a.

- Emisi贸n de las facturas antes de que se cumplan 30 d铆as desde la fecha de recepci贸n efectiva de las mercanc铆as o prestaci贸n de servicios.

- Facturas electr贸nicas producen efectos del c贸mputo siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, integridad de la factura y recepci贸n por el interesado.

- Se podr谩 agrupar facturas a lo largo de un periodo no superior a 15 d铆as, siempre que el plazo de pago no supere los 60 d铆as, desde la fecha correspondiente a la mitad del periodote la factura resumen.

Disposici贸n transitoria Segunda Ley 15/2010

Calendario de ajuste progresivo de los plazos del art.4.1 Ley 3/2004 para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago m谩s elevados, de acuerdo con el siguiente calendario, no siendo de aplicaci贸n para productos frescos y perecederos que mantendr谩n el plazo de 30 d铆as:

Plazo de pago desde el 07-07-2010 hasta el 31-12-2011 ——— 85 d铆as.
Plazo de pago entre el 01-01-2012 hasta el 31-12-2012 ———- 75 d铆as.
Plazo de pago a partir del 01-01-2013 ————————— 60 d铆as.

鈭 Art铆culos 5, 6 y 7, DEVENGO DE INTERESES DE DEMORA

Las modificaciones legislativas no han afectado a la anterior regulaci贸n del devengo de intereses de demora, o de sus requisitos, cuyo articulado no ha experimentado modificaciones.

鈭 Art铆culo 8. INDEMNIZACI脫N POR COSTES DE COBRO

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendr谩 derecho a reclamar al deudor una indemnizaci贸n por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de 茅ste. La indemnizaci贸n no podr谩 superar, en ning煤n caso, el 15 por 100 de la cuant铆a de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el l铆mite de la indemnizaci贸n estar谩 constituido por el importe de la deuda de que se trate.

2. El deudor no estar谩 obligado a pagar la indemnizaci贸n establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.

2. Se suprime el apartado que no permit铆a conjugar la indemnizaci贸n prevista por el art铆culo 8 cuando, en su caso, los costes de cobro pudiesen haber sido cubiertos por la condena en costas.

鈭 Art铆culo 9. CL脕USULAS ABUSIVAS

Incorpora la posibilidad de que las asociaciones puedan denunciar pr谩cticas abusivas en nombre de sus asociados por incumplir las condiciones de los contratos incluidos en la Ley 7/1998 o no incluidos, por incumplimiento habitual de los per铆odos de pago de la Ley 3/2004.

鈭 Art铆culo 11.TRANSPARENCIA EN LAS BUENAS PR脕CTICAS COMERCIALES -Art铆culo de nueva inclusi贸n-

Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las obligaciones, las Administraciones promover谩n la elaboraci贸n de un C贸digo de buenas pr谩cticas comerciales, as铆 como la adopci贸n de sistemas de mediaci贸n y arbitraje.

鈭 Art铆culo 200.4. PLAZO PAGO

La Administraci贸n queda sujeta a la obligaci贸n de abonar el precio – certificaciones obra – en el plazo de 30 d铆as (antes 60). Transcurrido el plazo, los contratistas podr谩n reclamar por escrito a la Administraci贸n exigiendo el cumplimiento y en su caso los intereses de demora. Si en el plazo de un mes la Administraci贸n no contesta se podr谩 formular recurso contencioso administrativo.

Disposici贸n Transitoria Octava. Aplicaci贸n progresiva plazo del art铆culo 200.4 de la Ley

A partir del 01-01-2013 ———————————————– 30 d铆as.
Desde 07-07-2010 hasta 31-12-2010 ——————————- 55 d铆as.
Entre el 01-01-2011 y 31-12-2011 ———————————– 50 d铆as.
Entre el 01-01-2012 y 31-12-2012 ———————————– 40 d铆as.

鈭 Art铆culo Cuarto. MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES P脷BLICAS

Informes trimestrales de las AAPP sobre el cumplimiento de plazos.

鈭 Art铆culo Quinto. REGISTRO DE FACTURAS EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

La Entidad local dispondr谩 de un registro de todas las facturas y dem谩s documentos emitidos por los contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas.

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Aplazamientos de pago de productos de alimentaci贸n frescos y perecederos no exceder谩n en ning煤n caso de 30 d铆as a partir de la fecha de la entrega de las mercanc铆as.

Este plazo se aplicar谩 con efectos inmediatos desde 07-07-2010.
Aplazamientos de pago de productos de alimentaci贸n que no sean frescos o perecederos no exceder谩n en ning煤n caso de 60 d铆as a partir de la fecha de la entrega de las mercanc铆as.

Calendario de ajuste progresivo de la Disposici贸n Transitoria Segunda Ley 15/2010, para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago m谩s elevados, de acuerdo con el siguiente calendario:

Plazo de pago desde el 07-07-2010 hasta el 31-12-2011 ————— 85 d铆as.
Plazo de pago entre el 01-01-2012 hasta el 31-12-2012 —————- 75 d铆as.
Plazo de pago a partir del 01-01-2013 ——————————- 60 d铆as.

Las facturas deber谩n hacerse llegar antes de que se cumplan 30 d铆as desde la fecha de entrega y recepci贸n de las mercanc铆as.

Disposici贸n Adicional Segunda. Distribuci贸n de libros

El gobierno podr谩 determinar un r茅gimen especial de pagos.

Disposici贸n Adicional Tercera

Las sociedades tendr谩n que informar sobre los plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales, a partir ejercicio 2010.

Disposici贸n Adicional Cuarta

Nueva l铆nea de cr茅dito ICO-morosidad Entes Locales, para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y aut贸nomos con anterioridad al 30 de abril de 2010.

Disposici贸n Transitoria Primera

Esta Ley ser谩 de aplicaci贸n a todos los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor (07-07-2010).
Disposici贸n Transitoria Tercera

Las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos contratos de obra con las diferentes Administraciones P煤blicas, con car谩cter excepcional, y durante dos a帽os a contar desde 07-07-2010, podr谩n acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos m谩ximos de pago, de conformidad con el siguiente calendario de aplicaci贸n; (imposibilidad de pactos entre las partes por encima de estos plazos):

120 d铆as desde 07-07-2010 hasta 31-12-2011.
90 d铆as desde 01-01-2012 hasta 31-12-2012.
60 d铆as desde 01-01-2013 hasta 31-12-2013.

Cuadro resumen:

2010 2011 2012 2013
EMPRESAS 85 85 75 60
ADMINISTRACION 55 50 40 30
FRESCOS Y PERECEDEROS 30 30 30 30
CONSTRUCTORAS O.C. 120 120 90 60

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO PLAZO M脕XIMO

LEVES: Hasta 6.000 euros,

GRAVES: Desde 6.000 euros a 300.000 euros.

MUY GRAVES: Desde 300.000 a 900.000 euros.

* Aplicaci贸n por las enmiendas en el Senado, que han permitido extender a los plazos de pago el r茅gimen de sanciones de la Ley 7/1996 de Ordenaci贸n del Comercio Minorista.