Se reduce el límite exento de la obligación de aportar garantías para aplazar o fraccionar deudas tributarias gestionadas por las CCAA

Jueves, 31 de Marzo de 2016 por admin

Su despacho juridico :: ARP & abogados.

Se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas.

La Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros, ha fijado el límite exento de la obligación de aportar garantías para la obtención del aplazamiento o fraccionamiento de deudas de derecho público gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos y organismos de la Hacienda Pública Estatal en 30.000 euros, a fin de agilizar el procedimiento de gestión de estas solicitudes, otorgar facilidades al obligado al pago ante dificultades financieras de carácter transitorio y actualizar dicho límite, que había quedado obsoleto.

Las mismas razones aconsejan establecer idéntico límite para la exención de la obligación de aportar garantías para la obtención de aplazamientos o fraccionamientos de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. La recaudación de los tributos cedidos a que se refieren dichos artículos y, en particular, la concesión de aplazamientos o fraccionamientos de pago de los mismos, se regulará por la normativa estatal.

Por ello, mediante la presente Orden, previa consulta a las Comunidades Autónomas afectadas, se hace extensivo el límite de dispensa de garantías de 30.000 euros a las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de deudas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas.

La prescripción de las acciones personales que no tengan plazo especial reduce su plazo a 5 años

Martes, 13 de Octubre de 2015 por admin

El BOE de fecha 6 de octubre de 2015 publica la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y entre sus cambios destaca el que afecta al régimen de prescripción por el que se reduce de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales.
La Disposición Final Primera afecta al art. 1.964 CC, que queda redactado de la siguiente manera:
1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan“.
Esta reforma entra en vigor el día 7 de octubre, el día siguiente al de su publicación en el BOE.
Son numerosas las acciones que se verán afectadas por este cambio. Por ejemplo, las obligaciones que puedan surgir de la celebración de un contrato de compraventa, las acciones derivadas del defectuoso cumplimiento, al haberse entregado cosa distinta (aliud pro alio) o la acción de resolución del contrato por incumplimiento, o la acción de responsabilidad contractual ejercitada por la Comunidad de Propietarios, por entregarse las viviendas con vicios.
En cuanto al régimen transitorio, la Disposición Transitoria Quinta establece expresamente que el tiempo de prescripción de las acciones personales, que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el art. 1.939 del Código Civil. Este precepto, a su vez, dispone que “la prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá esta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo“.

Las Entidades financieras no podrán duplicar las comisiones a los usuarios de cajeros

Lunes, 5 de Octubre de 2015 por admin

El Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos, en vigor desde el día de su publicación en el BOE, dispone en su artículo único, que modifica la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, que:

“En caso de retirada de efectivo con tarjeta u otros instrumentos de pago, la entidad titular de un cajero automático no podrá exigir cantidad alguna a los clientes de entidades distintas autorizadas en España o de sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en España, sin perjuicio de la comisión que pueda exigir a la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago.

2. Antes de que se proceda a la retirada de efectivo a débito por el titular de la tarjeta o instrumento de pago y con el fin de recabar su consentimiento expreso, la entidad titular del cajero deberá informarle de la comisión que por dicha retirada vaya a cobrarse a la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago, así como de la posibilidad de que dicha comisión le sea repercutida por esta última total o parcialmente.

El Congreso aprueba la reforma del Código Penal reforzando la lucha contra la corrupción

Viernes, 23 de Enero de 2015 por admin

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de UPN, la reforma del Código Penal, incluyendo las enmiendas presentadas en su trámite correspondiente. La Cámara Baja ha dado luz verde, con 186 votos a favor, la abstención de Foro Asturias y el rechazo de los demás grupos, a este proyecto legislativo para su remisión al Senado. En caso de introducirse mejoras, el texto volverá al examen del Congreso.

Entre las principales medidas que incorpora esta reforma cabe destacar:

1º Delitos económicos

Donde el Código Penal ha sufrido una mayor transformación es en los delitos previstos para combatir la corrupción. El texto vigente tipificaba la administración desleal como un delito societario, cuando en realidad es un delito patrimonial del que puede ser víctima cualquier persona. Con la reforma, el tipo penal castigará los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y le causa un perjuicio o crea una situación de peligro de pérdida del mismo. Así se castigarán los contratos para prestación de servicios no útiles, los firmados sin que exista contraprestación y los realizados a un precio superior.

2º Comiso

La reforma incluye una ambiciosa revisión del comiso, que se adelanta a la Directiva europea sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la que trabaja la Unión Europea.

Además, para facilitar el comiso se regula un procedimiento autónomo al que podrá acudir el fiscal si eso facilita un enjuiciamiento más rápido de las responsabilidades penales; cuando se descubra la existencia de bienes que deban ser decomisados después de que los hechos ya hayan sido enjuiciados, o cuando deba acudirse a supuestos de comiso sin condena.

Para mejorar la gestión de los activos intervenidos se crea la Oficina de Gestión de Activos a la que corresponderá realizar las actuaciones necesarias para gestionar de la forma más eficaz económicamente la conservación o utilización de los bienes intervenidos.

3º Mayor protección de la mujer

La reforma del Código Penal incluye nuevos delitos para aumentar la protección de la mujer. Uno de ellos es el matrimonio forzado (artículo 172 bis), con el que se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio y la violencia, intimidación o engaño para forzar a abandonar el territorio nacional o no regresar con esa misma finalidad.

También se castigarán a partir de ahora los actos reiterados de acecho u hostigamiento mediante llamadas telefónicas continuas, seguimientos o cualquier otra fórmula que pueda lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, pero que en muchas ocasiones no puede ser tipificada como delito de coacciones o de amenazas porque no se produce violencia.

Se pena la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad, una práctica que ha sido detectada con frecuencia entre los jóvenes. El Código Penal vigente sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o mensajes privados de la víctima, pero no preveía pena alguna cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que luego los difundía.

Asimismo, se incorpora al Código Penal como delito la inutilización de dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de penas, algo especialmente relevante a la hora de luchar contra la violencia de género. Además, en lo relativo a esta lacra, el nuevo texto considera delito las injurias leves y las vejaciones injustas cometidas en este contexto. Asimismo, el juez podrá imponer penas de multas, pero sólo cuando se acredite que entre el condenado y la víctima no existe ningún vínculo económico para que de ninguna manera esta pueda verse perjudicada por el castigo del primero.

Igualmente, como ya ocurría con los delitos de violencia de género, en los sexuales no se podrá aplicar el delito continuado y se impondrá una pena por cada uno de los cometidos. En los demás casos, se limita la aplicación de la figura del delito continuado a conductas delictivas cercanas en el tiempo. Para evitar que la reiteración no tenga reflejo en la agravación de la pena por uno o varios delitos semejantes, deberá imponerse una pena superior a la que habría correspondido a la infracción más grave cometida, pero inferior a la suma de todas ellas.

4º Menores

La realización de cualquier acto de carácter sexual con menores de dieciséis años será considerado un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones sexuales consentidas entre personas de similar grado de madurez y desarrollo, que en ningún caso serán penalizadas. Será delito hacer presenciar a un menor de 16 años relaciones de terceros o abusos cometidos sobre terceros. También lo será contactar con él a través de medios tecnológicos para embaucarle y que facilite imágenes pornográficas.

5º Propiedad intelectual y propiedad industrial

La regulación pretende lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y las nuevas tecnologías. Lo que se persigue es la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (a través de publicidad, por ejemplo), así como facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas en Internet.

6º Prisión permanente revisable

Con la prisión permanente revisable se pretende porcionar una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social. Se aplicará a los homicidios terroristas, los cometidos contra el rey o el príncipe heredero y contra jefes de Estado extranjeros. También será la pena prevista para los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, así como en el primer caso, con agresión sexual.

Los Tribunales impondrán este tipo de pena en algunos tipos de asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los múltiples y en los cometidos por miembros de una organización criminal.

La nueva pena trae consigo un cumplimiento íntegro de la privación de libertad durante un tiempo que se ha establecido en un abanico de entre 25 y 35 años, en función de si se trata de condenas por uno o varios delitos o de delitos terroristas. Sólo después de ese periodo se aplicará el sistema de revisión que permitirá la puesta en libertad del condenado si cumple una serie de requisitos. Esta revisión se podrá realizar a petición del reo una vez al año, pero también se hará de oficio por un tribunal colegiado, al menos, cada dos años.

La aplicación de la prisión permanente revisable ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias tras su aplicación en los países de nuestro entorno, en las que ha determinado que la posibilidad de revisión de la condena satisface el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Sin embargo esta medida ha sido objeto de unánime rechazo por parte de toda la oposición.

7º Libertad condicional

La libertad condicional pasa a ser regulada como una suspensión de la pena, de tal modo que si, una vez en libertad, el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para que siga cumpliendo condena desde el momento en que quedó en suspenso. Se aplica en los mismos términos en los casos de prisión permanente revisable, cuando una vez cumplidos los años fijados se revise su situación y el tribunal entienda que puede acceder a esta medida.

8º Medidas de seguridad

El Código Penal prevé medidas de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico, de deshabituación o de educación especial, que se cumplen antes que la pena. Esta podría no llegar a ejecutarse si el juez la considera innecesaria o cree que con ella peligran los efectos de la propia medida. En cualquier caso, se trata de un régimen muy restrictivo, que sólo se aplicará cuando exista una probabilidad muy alta de comisión de delitos de gravedad. En los supuestos más graves, su prórroga sólo podrá ser decidida por un tribunal a petición del fiscal tras la celebración de una vista.

9º Supresión de las faltas

Con el objetivo de hacer efectivo el principio de intervención mínima del Derecho Penal y de reducir el número de asuntos menores que sobrecargan los Juzgados, se ha decidido suprimir las faltas. Se mantendrán las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas de multa. El proceso que les corresponderá se desarrollará en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se está trabajando. Mientras tanto, transitoriamente, se resolverán en juicios de faltas.

10º Asesinato y detención ilegal

El Código Penal actualiza el delito de asesinato, de forma que se considerará tal, además de por las circunstancias ya previstas (alevosía, por precio, recompensa o promesa y ensañamiento), el homicidio que se cometa para facilitar la comisión de otro delito o para evitar ser descubierto.

Se establece el homicidio agravado si la víctima es menor de dieciséis años o es una persona especialmente vulnerable y cuando esté presente un móvil sexual. También lo serán si se comete sobre agentes de la autoridad o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

11º Hurto y robo

Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los mil euros. No obstante, para fijar el límite entre el delito leve (castigado con pena de multa) y el delito (pena de cárcel) el juez también podrá tener en cuenta la capacidad económica de la víctima. Con el objetivo de ofrecer una respuesta adecuada a la multirreincidencia y la delincuencia grave, se prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo agravado, es decir, por el delito, a penas de uno a tres años de prisión. En los casos más graves la pena puede ascender hasta los cuatro años de cárcel.

Se considerará delito de hurto, independientemente de la cuantía sustraída, cuando se produzcan ciertas circunstancias, como el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe; la profesionalidad; la utilización de menores de edad y el hurto sea de conducciones de suministros eléctricos o de cableado de telecomunicaciones. Además, se han incluido en este catálogo los robos cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas que causen perjuicios graves. El portar armas o pertenecer a un grupo criminal constituido para cometer delitos contra la propiedad agravarán el delito.

12º Atentado, resistencia y desobediencia

La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente. Como puede ser cometido por conductas muy diferentes de gravedad desigual, se ha optado por bajar la pena mínima y agravarla cuando se utilicen armas u objetos peligrosos, se lancen objetos contundentes o líquidos inflamables o corrosivos, se acometa con un vehículo de motor o suponga cualquier acción que conlleve un peligro para la vida o pueda causar lesiones graves.

Una de las novedades del texto es que se incluye en la definición de alteración del orden público una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. De esta forma, también se castigará a los que animan a otro a cometer un delito de daños, por ejemplo.

Sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público. Es decir, no la simple convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias. Otro supuesto que se sancionará es la interrupción del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de transporte que causen una grave alteración de la prestación normal del servicio.

13º Incendios forestales

La reforma del Código Penal contempla un endurecimiento de las penas para los autores de incendios forestales que se consideren especialmente graves. La pena prevista actualmente para estos delitos es de tres a cinco años de cárcel y, con la reforma, la pena se elevará hasta los seis. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medioambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena superior en grado, que en este caso supone nueve años de prisión.

En la misma línea, la reforma incorporará la posibilidad de imponer al responsable actuaciones orientadas a reparar el daño causado y se considerará la atenuante de reparación de daño.

14º Delitos de incitación al odio contra las minorías

La tipificación de las conductas de incitación al odio y a la violencia es modificada para adaptarla a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la Decisión Marco de 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, aunque supera a esta última al reflejar el rechazo radical de todos los actos de incitación a la discriminación, odio o violencia del que puedan ser víctima cualquier colectivo o minoría. El Alto Tribunal impuso una interpretación del delito de genocidio que limita su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra las minorías.

15º Inmigración

La redacción actual del delito de trata de seres humanos es anterior a la Directiva europea sobre estos hechos, por lo que se ha modificado para incluir la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas y se ha delimitado el concepto de vulnerabilidad. Además, se agrava la pena para los supuestos de creación de peligro de lesiones graves.

16º Esterilización

Se reconduce a la vía civil el tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas.

Asimismo, la despenalización de la esterilización de las personas que carezcan de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo autorización judicial y en un proceso con las máximas garantías. Del mismo modo, se ajusta la terminología del Código Penal a dichas recomendaciones sustituyendo los actuales términos de “minusvalía” e “incapaz” por otros como “discapacidad” o “persona discapacitada necesitada de especial protección”.

17º Mayor protección penal de animales

El Código Penal, además, aumenta la seguridad en la aplicación de la norma a través de una definición de animales protegidos, que incluye a los domésticos, a los habitualmente domesticados, a los que viven bajo control humano y a todos los que no viven en estado salvaje. La pena se ve agravada cuando se causa la muerte y se añade la posibilidad de imponer una inhabilitación para la tenencia del animal.

18º Responsabilidad penal de las personas jurídicas

- Supresión del nuevo delito de omisión de deber de control que recogía el proyecto y tipificaba la conducta del administrador que no implementara planes de prevención del art. 286.6 CP.

- Limitación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de delitos cometidos por sus dependientes cuando existe una infracción del deber de supervisión sobre los mismos sólo a los supuestos en los que el incumplimiento del deber de vigilancia haya tenido carácter «grave».

- Previsión de que las funciones de supervisión a que se refiere el artículo 31 bis.2.2. puedan asumirse por el órgano que tenga legalmente encomendada la función de supervisión.

El interés legal del dinero se fija en el 3,50% anual

Jueves, 22 de Enero de 2015 por admin

El interés legal del dinero, que se utiliza en los procedimientos de liquidación de deuda entre particulares, baja en 2015 por primera vez en cuatro años para situarse en el 3,5 %.

De la misma manera, el tipo de interés de demora, que se aplica en las liquidaciones de deuda entre Hacienda y los contribuyentes, será del 4,375 %, después de cuatro años en el 5 %, según consta en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado hoy en el Congreso de los Diputados.

De acuerdo con el proyecto se trata de los tipos de interés más bajos establecidos por las leyes de Presupuestos Generales del Estado en los últimos 30 años.

La siguiente tabla recoge los tipos de interés legal y de demora desde 1996.

INTERÉS LEGAL INTERÉS DEMORA

———————————————————

1996 9,00 11,00

1997 7,50 9,50

1998 5,50 7,50

1999 4,25 5,50

2000 4,25 5,50

2001 5,50 6,50

2002 4,25 5,50

2003 4,25 5,50

2004 3,75 4,75

2005 4,00 5,00

2006 4,00 5,00

2007 5,00 6,25

2008 5,50 7,00

2009 5,50 7,00

2010 4,00 5,00

2011 4,00 5,00

2012 4,00 5,00

2013 4,00 5,00

2014 4,00 5,00

2015 3,50 4,37

AGOSTO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Jueves, 4 de Agosto de 2011 por admin

El art. 128.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) establece que:

“Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil”.

Así pues, a excepción del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, el resto de plazos no se computaran a efectos de la presentación de los escritos.

Interpretación que del art. 128.2, también se ha venido haciendo por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, de la que es exponente, entre otros, el Auto de 5 octubre de 2010.

LA CASA PARA EL PADRE

Jueves, 19 de Mayo de 2011 por admin

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 191/2011, (Sala 1) de 29 de marzo, ha fijado una nueva interpretación respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar para el progenitor que no custodia.

Esta Sentencia recoge un caso particular, no tan extraño en nuestra sociedad. Los hechos que se determinan en los antecedentes de la sentencia, muestran el divorcio de una pareja con un hijo menor en común.

En la demanda de divorcio, el marido pidió, entre otras cuestiones y en lo que afecta al actual recurso que decidió la STS, el uso del domicilio familiar, que se había atribuido a la madre en la sentencia de separación, dado que ésta vivía con su nueva pareja y su hijo en una casa adquirida por ambos.

La sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia, de 27 junio 2006, decretó el divorcio y en relación a la vivienda y de acuerdo con las pruebas, declaró que “[...] atendiendo al interés más necesitado de protección, que no es otro que el del menor, y acreditado por todo lo anterior que la demandada vive junto con su hijo desde al menos junio de 2005 en el domicilio sito en [...], y no estando acreditadas las obras a las que se refiere la demandada, es procedente que la vivienda se atribuya al actor”.

Ante esta sentencia la mujer apeló y la Sentencia de 25 octubre 2007 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, desestimó el recurso de apelación. Señalando en un escueto fundamento que “procede desestimar este motivo del recurso por cuanto está acreditado en autos y perfectamente descrito por el órgano a quo, que el domicilio familiar en el caso está abandonado por la Sra. y su hijo; que viven en el de la pareja actual de la apelante, como ella misma reconoce en su contestación a la demanda [...], no siendo de recibo las argumentaciones dadas, pues resulta que el domicilio familiar sí es habitable para otras personas”.

Ante esta resolución la Sra. interpuso recurso de casación en base al Art. 477.2, 3 LEC, por la vía del interés casacional.

Fundamento que el Tribunal Supremo determina que:

“Pretende que se declare una doctrina contradictoria con las reglas que rigen esta materia en el art. 96 CC. Dicha norma tiene como finalidad la protección del interés del menor, que, debe recordarse, establece que a falta de acuerdo entre los progenitores, el uso “corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden”. Esta norma está en relación con la condición de menores de los hijos a los que se atribuye el uso de la vivienda y requieren la actuación protectora de la patria potestad.

Por lo tanto, el art. 96.1 CC atribuye el derecho al uso al hijo menor, incluido en el de alimentos que forma el contenido de la patria potestad, según dispone el art. 154, 2. 1.º CC. El art. 96.1 CC presupone que este específico contenido de la potestad puede ser de difícil ejecución cuando se produce la separación de los progenitores y por ello y para evitar controversias entre ellos, normalmente propietarios de la vivienda familiar, la atribuye a los hijos y a quien ostenta su guarda y custodia precisamente como titular de la obligación que le impone el art. 154, 2.1 CC”.

Determinando finalmente que “cuando el hijo no precisa de la vivienda familiar, por encontrarse satisfechas sus necesidades de habitación a través de otros medios, como ocurre en el caso presente, en que la madre ha adquirido una nueva vivienda que ostenta en copropiedad con la nueva pareja con la que convive, no puede pretenderse una especie de reserva de la que fue vivienda familiar durante el matrimonio para poder usarla en el hipotético caso en que no fuese posible el uso de la vivienda en la que ahora el hijo convive con la titular de su guarda y custodia. Como se ha dicho antes, la atribución del uso del que fue hasta el momento de la separación el domicilio familiar constituye una forma de contribuir al deber de alimentos de los hijos, aspecto que en el presente caso, se encuentra perfectamente cubierto por la aportación de la madre que no debe olvidarse, tiene también el deber de prestarlos a su hijo menor. La atribución del uso al menor y al progenitor se produce para salvaguardar los derechos de éste, pero no es una expropiación del propietario y decidir en el sentido propuesto por la recurrente sería tanto como consagrar un auténtico abuso del derecho, que no queda amparado ni en el art. 96, ni en el art. 7 CC”.

LA ÚLTIMA DECISIÓN LA TOMARÁ EL ENCARGADO DEL REGISTRO CIVIL

Jueves, 19 de Mayo de 2011 por admin

Recientemente la Comisión de Justicia ha aprobado, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Registro Civil, que continúa, de esta forma, su tramitación en el Senado.

Este nuevo texto ha salido adelante tras la aprobación por unanimidad de todas las enmiendas pactadas por todos los partidos políticos, a excepción de la relativa a uno de los puntos del artículo 49 de la Ley, referente al orden de los apellidos.

Finalmente no será el orden alfabético como había propuesto inicialmente el Gobierno, el criterio que se implante, ni el azar como habían propuesto otros grupos parlamentarios de la oposición. Sino que de acuerdo a la enmienda pactada, si no hay acuerdo entre los padres, se les apercibirá que tienen tres días más para cumplir con su obligación de fijar el orden y, de no hacerlo en ese plazo, decidirá la persona encargada del Registro Civil, atendiendo siempre al interés superior del menor.

Tras la polémica suscitada en torno a este sistema de decisión y después de plantearse diversas alternativas, ha sido aprobada, con 37 votos a favor y una abstención, la propuesta de CiU que establece que en estos casos de desacuerdo será el encargado del Registro Civil quien decidirá el orden de los apellidos, siempre en todo caso atendiendo al interés superior del menor.

LLAMAR AL 112 REBAJA LA PENA

Miércoles, 20 de Abril de 2011 por admin

La Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia 111/2011 recoge una gran novedad jurisprudencial:

Esta sentencia no aprecia un homicidio en grado de tentativa al que, a martillazos, casi acaba con la vida de su mujer. La rebaja la condena por lesiones, de siete a cuatro años y medio, amparándose en el dolo de salvación, al haber llamado el marido al teléfono del 112 pidiendo asistencia y comunicando la agresión. Es precisamente la llamada al servicio de emergencias, después de dejar a su mujer inconsciente, encerrada en una habitación y sangrando abundantemente, la circunstancia que le permite beneficiarse de una excusa absolutoria al haber apreciado el Tribunal un desistimiento activo.

El Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 1 de Lleida, determinó los siguientes hechos probados:

“El acusado, Edmundo, mayor de edad, nacido el 6 de septiembre de 1981 en Bolivia, y sin antecedentes penales, entre las 3:00 y las 4:00 horas del día 15 de marzo de 2009, se encontraba con su pareja Mónica en el domicilio de ambos, sito en la ciudad de Lleida, produciéndose entre ambos una discusión en el curso de la cual el acusado, guiado por el ánimo de atentar contra la integridad física y la vida de la Sra. Mónica, la golpeó de forma repetida con un martillo en la cabeza y otras partes del cuerpo, causándole un traumatismo craneoencefálico, con diversas heridas en el cuero cabelludo, contusiones y erosiones varias, fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, fractura del hueso frontal izquierdo con fragmentos de huesos incrustados en el cerebro y hematoma epidural, lesiones que requirieron su ingreso en la U.C.I. del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde permaneció ingresado 10 días.- Dichas lesiones precisaron para su sanidad tratamiento médico y quirúrgico, tardando en curar 90 días, durante los cuales la Sra. Mónica estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, restándole como secuelas la pérdida de sustancia ósea, la cual no ha requerido cranioplastia, y cicatriz hipertrófica de 2.5 cm. en región frontal izquierda.- Después de ocurrir los hechos, el acusado abandonó la vivienda, dejando en ella a la víctima con la puerta cerrada.- Sobre las 04:90 horas procedió a realizar una llamada al teléfono de emergencias 112 comunicando la agresión y pidiendo asistencia.- La Sra. Mónica no reclama por dichos hechos, habiendo otorgado el perdón al acusado, apartándose del procedimiento”.

Ante estos hechos probados la Audiencia de Instancia dictó el siguiente fallo:
“CONDENAMOS a Edmundo como autor criminalmente responsable de un delito de HOMICIDIO EN TENTATIVA concurriendo la agravante de parentesco y la atenuante de disminución de los efectos del delito a la pena de SIETE AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de que el acusado se aproxime a Mónica a una distancia inferior a 200 metros y de comunicación con la misma por cualquier medio durante ocho años; con imposición de las costas del procedimiento.- Abónese al condenado, en caso de proceder el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad, para la extinción de las mismas, el tiempo que hubiere estado privado provisionalmente de libertad por esta causa si no le hubiere sido computado en otra distinta”.

Seguidamente el acusado presentó recurso de casación, hecho que provocó la curiosa resolución a la que ahora nos referimos, y es que en el fundamento jurídico sexto de la sentencia se determina para rebajar la pena del acusado que:

“Edmundo tras haber golpeado a su esposa en la habitación que ocupaban, dejándola sangrando abundantemente y haberse ido a la calle, llamó, significativamente, al número telefónico de emergencias 112 con la concreta finalidad de solicitar auxilio y ayuda para su esposa facilitando los datos correspondientes lo que posibilitó que, en efecto, su esposa fuese atendida médicamente.

Esta actuación de Edmundo constituye un claro caso de desistimiento activo, porque tras haber efectuado los actos de agresión ya citados y con un arma tan significativa como un martillo, cambió su inicial dolo delictivo, por lo que hemos calificado como un “dolo de salvación”, es decir solicitó ayuda para que atendieran a su esposa mal herida y lo hizo, precisamente, por el medio adecuado como fue el servicio de emergencias del 112 y todo ello cuando no existía conocimiento de los hechos y por tanto como fruto de su libre voluntad, y al mismo tiempo siendo consciente de que su mujer continuaba mal herida por su acción.

Se está ante un actus contrarius del agresor que fue sin duda eficaz para cortar el curso normal al que pudieran haber llegado las lesiones producidas. Dicho acto fue claramente voluntario, y todo ello nos lleva a estimar que se está ante un desistimiento activo en relación al delito contra la vida inicialmente querido por Edmundo.

Es incuestionable la aplicación del párrafo 2.º del art. 16 del Código Penal que establece una excusa absolutoria respecto del delito inicialmente emprendido por el agente, debiéndose castigar, exclusivamente, los hechos realmente cometidos, que en el presente caso constituyen un delito de lesiones”.

PROYECTO DE LEY SOBRE ACTUALIZACIÓN ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Miércoles, 20 de Abril de 2011 por admin

El pasado 1 de abril se publicó el Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, más conocido como el proyecto de ley de reforma de las pensiones.

Entre las novedades más importantes que incluye este proyecto se encuentran las siguientes:

EDAD DE JUBILACIÓN

El artículo dos de dicho proyecto menciona lo ya totalmente conocido por todos, y es la jubilación a los 67 años, aunque pese a eso la nueva regulación parte a partir de ahora como mucho más flexible, de hecho, se ha generalizado la jubilación a los 65 años para aquellos trabajadores que hayan cotizado, al menos 38 años y seis meses. Pero es que, además, se establecen mecanismos para tener por cotizados determinados períodos de tiempo en los que en realidad no se cotizó.

* Entre los colectivos beneficiados se encuentran los padres. Ya que se computará como período cotizado aquel de interrupción de la cotización, derivado de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones de desempleo producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento (o los tres meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente) y la finalización del sexto año posterior a dicha situación. La duración de este cómputo como período cotizado será de nueve meses por cada hijo o menor adoptado o acogido, con un límite máximo acumulado de dos años.

Este beneficio sólo se reconocerá a uno de los progenitores y en caso de controversia entre ellos, a la madre.

* Además, los tres años de excedencia por cuidado de cada hijo o menor acogido tendrán la consideración de período de cotización efectiva, hecho que no concurría con anterioridad ya que sólo se computaban dos.

* Personas que participen en programas formativos (por ejemplo, los becarios o los investigadores). La norma prevé que los participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicos o privados, que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven contraprestación económica para los afectados, siempre que, en razón de la realización de dichos programas no estuviesen obligados a estar de alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social, puedan suscribir un Convenio especial, por una única vez, que les posibilite el cómputo de cotización por los períodos de formación realizados hasta un máximo de dos años, dentro de los cuatro anteriores a la publicación en el BOE de la futura Ley.

CUANTÍA DE LA PENSIÓN

Atendiendo a la recomendación del Pacto de Toledo sobre la necesidad de reforzar la contributividad del sistema de pensiones, se incrementa el número de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación, pasando de forma gradual de los actuales 15 años a 25 años.

JUBILACIÓN ANTICIPADA

Se mantiene la jubilación a los 60 años de los trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967.

A los 61 años de edad podrán jubilarse los trabajadores que hayan sido cesados como consecuencia de una crisis empresarial o cierre de la empresa que impida, objetivamente, la continuación de la relación laboral. También podrán acceder a esta jubilación las mujeres víctimas de violencia de género.

Jubilación voluntaria anticipada a los 63 años, con un mínimo de 33 años cotizados, y siempre que el importe de la pensión resulte superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad.

Se elimina la jubilación a los 64 años.

PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORAL

Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte de la aplicación en cada caso, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización exigido, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional según la siguiente escala:

- Hasta 25 años cotizados, el 2 por 100.

- Entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75 por 100.

- A partir de 37 años cotizados, el 4 por 100.

AUTÓNOMOS
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, durante los próximos quince años, las bases mínimas de cotización crecerán de forma similar a las bases medias del Régimen General, con el fin de acercar la protección de ambos regímenes.

INCAPACIDAD PERMANENTE

Por lo que se refiere al régimen jurídico de la pensión de incapacidad permanente, se adecua la fórmula de cálculo para determinar la base reguladora de la incapacidad permanente a las reglas de cálculo que se establecen para la pensión de jubilación.

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